febrero 22

Los criterios que vienen siguiendo los tribunales sobre las liquidaciones de plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional

Con motivo de la impugnación de liquidaciones practicadas por el IIVTNU, una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga hace recuento de las diversas soluciones que hasta ahora han tenido los tribunales tras el dictado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Haciendas Locales.

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 11 de mayo , que se pronunció acerca de la constitucionalidad del IIVTNU cuando somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor parece que había dejado zanjado el asunto: si no hay incremento, no hay plusvalía.

A pesar de ello, la cuestión no ha quedado suficientemente clara pues estamos a la espera de que se modifique la legislación, y ello ha dado pie a que los tribunales interpreten de manera distinta el fallo dictado por el Constitucional. Esta sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Málaga el pasado de 29 Enero 2018 , nos aclara las diveras posturas de los tribunales hasta la fecha.

Antecedentes – Impugnación de las liquidaciones

El contribuyente propugna la nulidad de las liquidaciones giradas (que ascendían a la cuantiosa cantidad de 11.344 euros), dado que la norma de cobertura ha sido declarada inconstitucional, y la fórmula matemática utilizada para el cálculo de la base imponible es errónea.

Por su parte el Ayuntamiento considera que las liquidaciones son ajustadas a derecho, pues de acuerdo con la jurisprudencia recaída tras la sentencia del Tribunal Constitucional, es el sujeto pasivo el que debe acreditar que no ha existido un incremento de valor, y nada sobre ello se ha probado. Además entiende que se empleó la fórmula de cálculo establecida en la normativa legal.

Las diversas posturas existentes

El Juzgado señala que en la actualidad nos encontramos con estas tres posturas o criterios distintos que siguen los tribunales:

1. Los que consideran que los artículos anulados lo son sólo en el supuesto de que sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Para anula la liquidación el recurrente debe acreditar la disminución del valor, normalmente mediante un informe pericial (por ejemplo STSJ de la Comunidad Valenciana 775/2017, de 28 de junio, rec. 14/2017, ó la STSJ de Murcia 593/2017, de 16 de octubre, rec. 84/2017.

2. Una segunda línea jurisprudencial, que entiende que las liquidaciones por el IIVTNU no pueden ser revisadas a la vista de un informe pericial, porque ello implicaría quebrantar los principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria. Esto es, que no existe –en el momento actual- cobertura legal, dado que los preceptos han sido expulsados del ordenamiento. Entre los tribunales que siguen esta línea esta línea están la STSJ de Madrid 512/2017, de 19 de julio, rec. 783/2016, y la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 2 de Zaragoza 181/2017, de 7 de julio. rec. 371/2016.

3. Por último, una tercera postura, que señala que debe ser la Administración la que debe acreditar la existencia de una situación de riqueza gravable, por lo que debe recaer sobre ella la carga de la prueba para constatar el incremento del valor de los terrenos. En esta línea se encuentran la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cartagena 95/2017, de 30 de mayo, rec. 220/2016, o la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Tarragona, 204/2017, de 14 de septiembre, rec. 256/2016.

Criterio que sigue el Juzgado

Señala la sentencia, que todos estos criterios dispares no se resolverán hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia, pues existen varios recursos de casación en trámite, y clarifique la interpretación de los preceptos que no fueron anulados, o bien hasta que se colme la laguna legal existente.

El Juzgado se decanta por aplicar el segundo de los criterios expuestos: indica que la expresión del Tribunal Constitucional “son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor” no está dirigida a los órganos judiciales, sino al legislador.

Las serias dudas de derecho que se le plantean en el momento actual, obligan al Juzgado a declarar no conforme a derecho la resolución administrativa y por tanto a dejar sin efecto las liquidaciones impugnadas, obligando al Consistorio a devolver a la recurrente las cantidades abonadas por el impuesto, más los intereses.

  • 21-2-2018 | Wolters Kluwer
febrero 6

La nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales obligará a abogados y asesores a inscribirse en el Registro Mercantil

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado completamente a la legislación nacional la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales (Dir.849/2015) El plazo para adaptar la ley expiró el pasado 26 de junio, dos años después de su aprobación, sin que España cumpliera a tiempo con las exigencias comunitarias

Decimos “completamente”, porque si bien es verdad que la vigente Ley 10/2010 incorpora ya la mayor parte de las previsiones normativas contenidas en la Directiva tampoco es menos cierto que existe la necesidad de, entre otras cosas, llevar a cabo determinadas adaptaciones conceptuales en ciertos artículos, revisar el régimen de la potestad sancionadora para alinearlo con las nuevas exigencias y la regulación en materia de procedimiento administrativo que entró en vigor a finales de 2016” etc…

Y es que, aunque no debería ser así, la trascendencia de los cambios a introducir en la normativa vigente quizás justifique el retraso en su aprobación. Sirva de muestra la nueva obligación de inscripción en el Registro Mercantil a la que estarán sometidos los abogados y el resto de profesionales y sociedades dedicadas a la asesoría de empresas

Actividades

La obligación alcanzará a las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional constituyan sociedades u otras personas jurídicas; ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones; que faciliten un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos. El incumplimiento de esta obligación podría sancionarse con multas de 6.000 euros o más

También deberán registrarse aquellos profesionales que ejerzan funciones de fideicomisario en un fideicomiso (trust) expreso o instrumento jurídico similar o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones. Y, además, lo estarán, quienes ejerzan funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conforme con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza esas funciones.

Forma

La formalización de la inscripción variará dependiendo del tipo de obligado:

- Si se trata de personas físicas empresarios, o de personas jurídicas, sea cual sea su clase y salvo que exista una norma específicamente aplicable, se inscribirán conforme a lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil.

- Si se trata de personas físicas profesionales, la inscripción se practicará exclusivamente de forma telemática en base a un formulario preestablecido aprobado por Orden del Ministerio de Justicia

En el caso de personas jurídicas, además de la declaración sobre la titularidad real (manifestación obligatoria en todo caso) deberán de indicar cualquier cambio de administradores o modificación del contrato social.

Cuentas Anuales

Por otra parte, las personas físicas -salvo los profesionales- y las jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo disponen sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil acompañadas de un documento del que resulten los siguientes datos:

a) Los tipos de servicios prestados

b) El ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias.

c) La prestación de este tipo de servicios a no residentes.

d) El volumen facturado por estos servicios en el ejercicio vigente y en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se debe indicar así expresamente.

e) El número de operaciones realizadas Si no se hubiera realizado operación alguna se deberá indicar así expresamente.

f) En su caso titular real si existiere o la modificación del mismo respecto del que ya conste en el Registro

Los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales estarán obligadas a depositar un documento similar al descrito pero obviando, como es lógico, el contenido referente a la titularidad real.

El depósito se deberá efectuar dentro de los tres primeros meses de cada año, y se hará de forma exclusivamente telemática. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción leve y podrá ser sancionada con multas de 6.000 euros o más.

En cualquier caso y para terminar, tengan en cuenta que dispondrán de un año, contado desde la entrada en vigor de esta nueva norma para inscribirse y si, por otras causas, ya estaban inscritos, para presentar en el registro una manifestación de estar sometidos, como sujetos obligados, a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales

enero 8

Desahucio por impago de rentas: ¿Qué pasa si el titular del contrato no es el inquilino real?

Una cuestión que puede surgir en la práctica más veces de lo que pensamos, es que una vez interpuesta la demanda de desahucio por impago de las rentas, nos encontremos con que el demandado, titular del contrato de arrendamiento, alegue falta de legitimación pasiva, por no considerarse el verdadero inquilino y ser otras personas, de las que el arrendador desconoce los datos personales, los que habitan el inmueble. ¿Nos encontraríamos ante una simulación de contrato?

En esta sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 2 de noviembre de 2017, ha conocido uno de estos casos, resolviendo finalmente a favor de las arrendadoras. Estos son sus razonamientos.

Demanda por impago de renta

Las reclamantes, dueñas del inmueble, interponen demanda de desahucio por impago de rentas y abono de las mensualidades debidas (en ese momento unos 4.800 euros). El titular del contrato formuló oposición al considerar su falta de legitimación pasiva, pues no era el inquilino real de la vivienda.

A pesar de que en el contrato se establecía que el piso se destinaba a su uso exclusivo como vivienda, excluyendo otros usos, el demandado señaló que no había ocupado nunca el piso, y que suscribió el contrato para “ayudar” al ocupante real del inmueble, nacional de Kazajistan, que no poseía NIE que por esa razón no podía suscribir el contrato. Las rentas se abonaban desde una cuenta de dicho país, por ciudadanos de esa República, que eran los “verdaderos inquilinos”. Por su parte, las arrendadoras habían requerido a los eventuales ocupantes del inmueble, pudiéndose identificar a uno de ellos, que no aportó ningún título que acreditara su situación posesoria.

Desestimación por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia

La sentencia de instancia desestimó la demanda porque consideró que se estaba ante una cuestión compleja y por falta de legitimación pasiva del demandado. Entendió que era necesario dilucidar en primer lugar si se trataba de un contrato simulado, y si en consecuencia el verdadero arrendatario era el ocupante del piso.

Dado que, según la resolución judicial se estaba ante una cuestión compleja, debía desestimar la demanda al no poderse resolver el asunto en el ámbito de un juicio verbal: sería necesario que las arrendadoras interpusieran una demanda de juicio ordinario donde intervinieran todas las partes implicadas.

Inexistencia de cuestión compleja

La Audiencia no está de acuerdo con las conclusiones a las que llega la sentencia dictada por el juzgado de instancia. Entiende que no hay en este caso cuestión compleja.

Para ello hace mención de la jurisprudencia existente sobre la materia, en el sentido de que, aunque el carácter sumario del juicio de desahucio no admite el planteamiento de cuestiones que rebasen su estrecho ámbito, ello no quiere decir que cualquier cuestión compleja que alegue el demandado deba impedir que pueda entrarse sobre la cuestión planteada en la demanda.

El demandado suscribió el contrato y hay legitimación pasiva

Era un hecho incuestionable que el demandado había suscrito el contrato de arrendamiento con las reclamantes y había hecho el pago inicial de las correspondientes mensualidades, por lo que se estableció una plena relación arrendaticia a todos los efectos.

El hecho de que posteriormente cediera la vivienda por las circunstancias que fuesen e incluso ciertos pagos se hubieran efectuado por un tercero -en este caso desde la cuenta de Kazajistán- no obsta a la relación consolidada cuando no se ha comunicado nada a las arrendadoras ni se ha modificado el contrato al respecto.

Según indica la Sala, el hecho del impago es el que determina el derecho de las arrendadoras de ejercitar la acción, y no existe situación compleja porque las obligaciones están perfectamente definidas en el contrato. Las alegaciones del demandado son estrictamente posesorias; según establece el artículo 444.1 LEC se excluyen del juicio sumario de desahucio cuestiones que afecten a la propiedad, nulidad del título y otras, pero no de las alegaciones del demandado.

Porque, concluye la Sala, sería paradójico que las arrendatarias tuvieran que esperar a interponer el declarativo para cobrar las rentas que se le deben, una vez dilucidadas las relaciones internas entre el demandado titular del contrato y los terceros poseedores y si existe simulación o no del contrato. Esto, además, podría suponer la posibilidad de que los arrendatarios con mala fe una posibilidad dilatoria, con mera cesión a terceros y sucesivas invocaciones de falta de legitimación pasiva.

Lo que es cierto es que ni el arrendatario ni el ocupante han abonado las rentas que deben, y éste por tanto no es un problema de legitimación sino de impago de rentas y procedencia del desahucio. Además, el ocupante se trajo al juicio con todas las garantías a los efectos de la posterior ejecución de sentencia.

En conclusión, la Audiencia estima el recurso planteado por las arrendadoras y declara haber lugar al desahucio por falta de pago de las rentas, condenando al demandado al pago de lo debido hasta la efectiva entrega de la vivienda.

5-1-2018 | Wolters Kluwer

diciembre 18

Pagar la hipoteca a la exmujer es pensión compensatoria implícita a efectos de cobrar la viudedad

TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sentencia 967/2017, 13 Feb. Recurso 3713/2016.-

A tenor de lo dispuesto en el art. 174.2 de la LGSS de 1994 , para ser acreedor de la pensión de viudedad en los casos de separación o divorcio, se precisa que el cónyuge supérstite sea acreedor de pensión compensatoria o víctima de violencia de género.

El caso que se debate aquí es si tiene derecho a percibir esta pensión la mujer divorciada que renunció expresamente a la pensión compensatoria en el convenio regulador del divorcio en tanto se le atribuyó en exclusiva la titularidad de la vivienda familiar a ella, pero también el exmarido continuó pagando las cuotas mensuales del préstamo hipotecario de este inmueble.

Efectivamente el mismo día que firmaron el convenio regulador de mutuo acuerdo, suscribieron un préstamo con garantía hipotecaria sobre la vivienda que fue familiar, préstamo que fue firmado no sólo por los cónyuges que se estaban separando, sino también por la nueva compañera sentimental del esposo. Y desde ese momento y hasta el fallecimiento del exmarido, las cuotas se han venido abonando a través de la cuenta de la que eran cotitulares ambos esposos.

La jurisprudencia viene siendo flexible a la hora de aceptar variaciones en el cumplimiento del requisito de percibir pensión compensatoria a estos efectos, y tiene declarado incluso el Alto Tribunal que el reconocimiento de cualquier suma periódica en favor del beneficiario, más allá de los alimentos de los hijos, tiene la naturaleza de pensión compensatoria, sea cual sea su denominación y su naturaleza jurídica.

La práctica social ha revelado que el panorama de pensiones innominadas es infinito y esta realidad impide entender que para que la percepción de la pensión compensatoria tenga virtualidad, a los efectos de reconocerse la pensión de viudedad, no debe limitarse strictu sensu a aquellos supuestos en los que la pensión compensatoria se concedió con tal denominación, sino que lo verdaderamente relevante es el requisito de dependencia económica del causante en el momento de producirse el óbito.

Siguiendo con este principio de interpretación amplia y flexible, recuerda la sentencia que la pensión de viudedad, en los casos de separación o divorcio, no guarda relación con el estado de necesidad del beneficiario, sino con la pérdida del montante económico que éste viniera percibiendo y que por el fallecimiento del causante deja de percibir. Lo que la LGSS tiene en cuenta es el vínculo económico preexistente, con independencia de cuál sea la situación económica del beneficiario.

En definitiva, el reconocimiento de la pensión de viudedad pasa por determinar si el fallecimiento del causante supone el fin del abono de una obligación pecuniaria, y en el caso es así porque el esposo venía abonando desde la separación el crédito hipotecario de la vivienda de la demandante, pago que se equipara a una pensión compensatoria, aunque formalmente se hubiera renunciado a ella.

Diario La Ley, Nº 9101, Sección La Sentencia del día, 18 de Diciembre de 2017, Editorial Wolters Kluwe

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