noviembre 30

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 775 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y REPARTO COMPETENCIAL ENTRE LOS JUZGADOS DE FAMILIA Y DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en su redacción dada por el apartado setenta y dos del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, señala que:
“1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas 1 , la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.
2. Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770. No obstante, si la petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento establecido en el artículo 777.
3. Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773.”
La modificación del apartado primero del artículo entró en vigor el pasado 7 de octubre de 2015. Con la actual redacción otorga la competencia para conocer de la demanda de modificación de medidas, al tribunal que acordó en su momento las medidas definitivas.
Una de las críticas que se han efectuado a esta modificación es que la doctrina jurisprudencial consolidada determinaba que el procedimiento de modificación de medidas definitivas, una vez recaída sentencia firme, no se podía considerar como un incidente del juicio principal, puesto que era un procedimiento autónomo, independientemente de cuál haya sido el Juzgado que dictó la Sentencia cuyas medidas se pretenden modificar (Autos del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2002, 11 de febrero de 2003, y 22 de octubre de 2004).
Por ello, en los encuentros de Magistrados y Abogados de Familia, segundo y tercero ( el 3º en 2008), se llegó a la conclusión en relación a la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con relación a los procedimientos de modificación de medidas, que aun cuando la Sentencia haya sido dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, si cuando se presenta la demanda de modificación, ya se ha extinguido la responsabilidad penal, o se ha dictado auto de sobreseimiento o de archivo, o sentencia absolutoria, se tiene que entender que el juzgado competente es el Juzgado de Familia o de Primera Instancia que corresponda.
En otras palabras, en los supuestos en los que se ha tramitado un procedimiento penal ante un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, teniendo en cuenta el carácter autónomo del procedimiento de modificación de medidas, la competencia para conocer del procedimiento de modificación de medidas sería del Juzgado civil con competencias de familia, si las responsabilidades penales hubieran quedado extinguidas o sobreseídas.
Diario LaLey. Editorial LaLey
noviembre 6

Modificación del Código Civil en materia de prescripción

Se ha publicado en el BOE de fecha 6 de octubre de 2015 la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/18525), y entre sus cambios más significativos hay que destacar el que afecta al régimen de prescripción por el que se reduce de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales.

La Disposición Final Primera afecta al art. 1.964 CC, que queda redactado de la siguiente manera:
1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.
2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan“.
Esta reforma, que entra en vigor mañana día 7 de octubre, el día siguiente al de su publicación en el BOE, supone la primera actualización del régimen de prescripción contenida en nuestro Código Civil, que ha permanecido inalterable desde su publicación.
A partir de los trabajos de la Comisión General de Codificación, se acorta el plazo general de las acciones personales del art. 1.964, estableciendo un plazo general de cinco años, cuestión de una gran importancia en la vida jurídica y económica de los ciudadanos.
La finalidad de esta reforma, según se indica en el propio Preámbulo es obtener equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo.
Son numerosas las relaciones jurídicas que se verán afectadas por este cambio. Citamos, a título de ejemplo, algunas de ellas:
– Cualquier obligación legal cuya efectividad no tenga un plazo especial de prescripción extintiva, en estos casos, la acción como personal queda sujeta al plazo general de cinco años del art. 1.964 CC.
– Obligaciones que puedan surgir de la celebración de un contrato de compraventa.
– Acciones derivadas del defectuoso cumplimiento, al haberse entregado cosa distinta o con defectos impropios (aliud pro alio).
– Acción de resolución del contrato por incumplimiento.
– Acción de un comunero contra la comunidad de propietarios para el resarcimiento de daños causados por los elementos comunes.
– Acción de responsabilidad contractual ejercitada por la Comunidad de Propietarios, por entregarse las viviendas con vicios.
– Acción ejercitada por un Colegio Profesional para exigir responsabilidad por daños causados en el deficiente funcionamiento de una relación orgánica.
– Acción del arrendador de un inmueble para la revisión de rentas.
En cuanto al régimen transitorio, se permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta Ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años.
La Disposición Transitoria Quinta establece expresamente que el tiempo de prescripción de las acciones personales, que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el art. 1.939 del Código Civil. Este precepto, a su vez, dispone que “la prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá esta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo“.

octubre 29

Se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros (ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre)

Artículo 2. Exención de garantías
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas a que se refiere el artículo anterior, cuando su importe en conjunto no exceda de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás órganos u organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u organismos.
Diario LaLey. Editorial LaLey

 

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