marzo 4

El Supremo dicta su primera sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

El Tribunal Supremo acaba de dictar la esperada sentencia en la que aborda por primera vez, y en profundidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este fallo, con fecha de 29 de febrero, supone un hito importante en el ámbito del Derecho penal y para los profesionales especializados en cumplimiento normativo, ya que marca las pautas que el Alto Tribunal tendrá en cuenta a la hora de abordar cuestiones de esta naturaleza.

La sentencia explica los requisitos que se tendrán en cuenta para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal.

En primer lugar, el Supremo señala que, como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho).

Y, en segundo lugar, que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. La sentencia lo explica así: “La determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”.

Esta sentencia del Tribunal Supremo supone un paso importante en materia de ‘compliance’ o cumplimiento normativo, ya que permite a las empresas y a los asesores en este ámbito conocer cuáles van a ser los criterios de interpretación a partir de ahora. Además, estas pautas se suman a las ya ofrecidas por la Circular que emitió la Fiscalía General del Estado el pasado 22 de enero, en la que el Ministerio Público concretaba cuáles serán las pautas que se seguirán para perseguir este tipo de delitos.

Diario La Ley, , Editorial LA LEY

diciembre 15

¿ES NECESARIA LA DECLINATORIA PARA ALEGAR PERDIDA DE COMPETENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO?

Cabe plantear la pérdida de competencia por violencia de género en el procedimiento de familia, sin que deba plantearse por declinatoria, pues conforme al artículo 49 bis.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se prevé que en estos supuestos no se admitirá declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer valer la competencia del Juzgado sobre la Mujer presentar testimonio de alguna de las resoluciones dictadas por dicho Juzgado a las que se refiere el párrafo final del número anterior.

En la Sentencia del Tribunal Supremo 604/2015, de 17 de Noviembre, recurso1321/2014, el Tribunal anula la Sentencia de la Sección 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid para que decidiera sobre la competencia, pues la parte demandada instó la subsanación y complemento de la sentencia al haber omitido la Audiencia cualquier pronunciamiento sobre la nulidad planteada, y esta dictó Auto en el que decidía no complementar la sentencia, al considerar que no podía la parte alegar incompetencia objetiva sin formular la oportuna declinatoria.

Diario La Ley, , Editorial LA LEY

diciembre 2

COMUNIDADES DE BIENES Y SUJECIÓN AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  •  Se equiparan las Comunidades de Bienes y las Sociedades Civiles a efectos de sujetarlas a tributación por el Impuesto sobre Sociedades cuan do se cumpla la doble condición de tener personalidad jurídica (existe por el mero hecho de haber obtenido un NIF) y objeto mercantil.
  • Se excluyen expresamente de tributación en el Impuesto sobre Sociedades las Comunidades de Bienes y las Sociedades Civiles que tengan por objeto una actividad de carácter profesional. El razonamiento es que el Código de Comercio excluye del ámbito mercantil a las actividades profesionales, que se regulan por la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.
La citada Instrucción contiene una serie de reglas para distinguir cuándo una C.B. tiene objeto mercantil (y por tanto sujeta al Impuesto sobre Sociedades) y cuándo es mera obtención de rentas de un patrimonio preexistente (y en tal caso sujeta al I.R.P.F. en régimen de atribución de rentas).
Por otra parte, establece los criterios para considerar cuándo una S.C. (y por ende, una C.B.) está excluida del Impuesto Sobre Sociedades por razón de su actividad, expresando claramente que las actividades de la categoría A05 (Profesionales) no dan lugar a la obligación de presentar Impuesto sobre Sociedades.
Diario La Ley, , Editorial LA LEY
diciembre 2

El maltrato a los padres es causa para revocar las donaciones a los hijos

TS, Sala Primera, de lo Civil, 20-7-2015

Resumen:

“ En el presente caso, por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo planteado en dicho recurso debe ser estimado.

3. De acuerdo con la reciente doctrina jurisprudencial de esta Sala, SSTS de 3 de junio de 2014 (núm. 258/2014 ) y de 30 de enero de 2015 (núm. 59/2015 ) la interpretación del sistemática del artículo 648.1 del Código Civil , en cuanto al maltrato de obra o psicológico se refiere, debe realizarse conforme a las siguientes directrices o criterios de interpretación. En primer lugar, y en orden a la caracterización de la figura, debe precisarse que aunque las causas de revocación de la donación sean únicamente las que expresamente contempla la norma ( artículo 648 del Código Civil ), y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de aplicación analógica, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que los elementos conceptuales contemplados por la norma, deban ser, asimismo, objeto de interpretación rígida o sumamente restrictiva.
En segundo lugar, y en la línea de lo anteriormente expuesto, debe señalarse que la doctrina jurisprudencial de esta Sala a propósito del contenido y alcance del artículo 648.1 del Código Civil , entre otras, STS de 18 de diciembre de 2012 (núm. 747/2012 ), ya ha destacado la interpretación flexible que cabe realizar de este precepto tanto respecto a la falta de precisión técnica con la que se refiere al concepto de delito y a los concretos derechos o bienes protegidos (“persona, honra y otros bienes”), por lo que el precepto debe interpretarse, en sentido laxo, con relación a todo posible delito por el que pudiera resultar ofendido el donante en su gratitud, como a la innecesariedad que, a tales efectos, se haya producido previamente una sentencia penal condenatoria, ni tan siquiera que el procedimiento penal se haya iniciado; bastando la existencia de una conducta del donatario socialmente reprobable, que revistiendo caracteres delictivos, aunque no estén formalmente declarados como tales, resulte ofensiva para el donante.
Por último, y en tercer lugar, debe concluirse que, de acuerdo con los criterios interpretativos de la realidad social del momento de aplicación de la norma y su propia finalidad, el maltrato de obra o psicológico realizado por el donatario debe quedar reflejado como un hecho integrado en la causa de ingratitud del artículo 648.1 del Código Civil .
En efecto, en el marco interpretativo expuesto, no cabe duda de que en la actualidad el maltrato de obra o psicológico del donatario, como conducta socialmente reprobable, reviste o proyecta caracteres delictivos que resultan necesariamente ofensivos para el donante. Del mismo modo que su comisión atenta a los más elementales deberes de consideración y gratitud hacia el donante, dotando de fundamento a la revocación de la donación por ingratitud como sanción impuesta a los donatarios que infringen dicho deber básico de consideración hacia el donante.
4. En el presente caso, conforme a la prueba practicada, debe considerarse plenamente acreditado el maltrato, en toda su extensión, de la donataria respecto a los donantes, agravado por su relación filial y exteriorizado en diversos episodios de trato despectivo y humillante que culminaron en una bofetada a su padre y en insultos e injurias graves a su madre.
5. Por su parte, y conforme a lo resuelto en el recurso extraordinario por infracción procesal, procede declarar la titularidad de los demandantes respecto de los fondos bancarios reclamados habida cuenta de que ha resultado acreditada la mera gestión de los mismos por parte de la donataria.”
Diario La Ley, , Editorial LA LEY
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