octubre 16

El TS ha establecido como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF

El abogado del Estado recurrió al Supremo esta última sentencia por considerar que era contradictoria con fallos de los tribunales superiores de Castilla y León y Andalucía, sobre la misma materia, y argumentando, entre otros motivos, que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. Añadía que no cabe extender a las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social la exención que el artículo 7 de la Ley del IRPF (LA LEY 11503/2006) sí establece para dichas prestaciones por maternidad cuando proceden de las comunidades autónomas o entidades locales. Se trata de la STS 1462/2018, de 3 de octubre (LA LEY 127176/2018).

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Díaz Delgado, el Supremo considera que la prestación por maternidad a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF (LA LEY 11503/2006) , cuando dispone que “igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”.

En primer lugar, porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (LA LEY 2013/2003), de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que introdujo la mencionada exención en la Ley 40/1998 (LA LEY 4419/1998) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y pasó al Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (LA LEY 372/2004), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LA LEY 11503/2006). En dicha Exposición de Motivos se dice que: “En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el Real Decreto Ley 112000, de 14 de enero”.

Del texto contenido en la referida Exposición de Motivos, argumenta el Supremo, “se desprende que la exención que se establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF (LA LEY 11503/2006) trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”.

A ello añade el Supremo una interpretación gramatical. “Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra “también” estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”, después de declarar exentas en el párrafo tercero “las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula “también” sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales”.

Por último, se apoya en una interpretación sistemática, basada en que la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral. Por ello, a tenor del artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015), el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen.

“En consecuencia –concluye la sentencia– la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF (LA LEY 11503/2006), y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que ‘las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas’.”

*Diario Laley 5-10-2018 | Tribunal Supremo

marzo 21

No es posible alegar derecho de retención como título para evitar el desahucio por precario porque se hayan realizado mejoras en el inmueble poseído

El desahucio por precario es uno de los procedimientos que más conflictos plantean, sobre todo en casos como el que analiza esta sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 7 de marzo de 2018 (STS, 123/2018, Rec. 2821/2015). Se trata del desahucio promovido por los dueños de la edificación (vivienda en planta superior y local en planta baja dedicada a negocio) contra la que fue su nuera, que venía ocupando el inmueble tras su divorcio con el hijo de los demandantes.

La autorización para habitar la vivienda fue otorgada por los dueños para su hijo y su pareja, sin pagar cantidad alguna. Tras el divorcio del hijo, la nuera ostentaba el derecho de uso según la sentencia de divorcio. El Juzgado de Primera Instancia dio la razón a los demandantes, estimando la acción de desahucio y considerando que las obras de mejora realizadas por el bien, poseído en precario, no justifican el derecho de retención del artículo 453 del Código Civil.

Este artículo señala expresamente:

«Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se le satisfagan.

Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de retención, pudiendo optar el que le hubiese vencido en su posesión por satisfacer el importe de los gastos, o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.»

La Audiencia sí consideró la existencia de un derecho de retención

Formulado recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Granada, en sentencia de 19 de junio de 2015, sí consideró que existía el derecho alegado y desestimó la pretensión de desahucio. Para ello razonó que a su entender el derecho de retención sí puede ser título de posesión, y no solo una garantía para el cobro de lo debido, y en este caso legitimaba a la ocupante evitando el desahucio. Se había acreditado la realización de obras diversas de mejora y conservación en el inmueble, como cambio de cubiertas del edificio e incluso la construcción de una piscina. Y todas estas obras fueron consentidas y autorizadas por los dueños a su hijo y nuera para adecuar el inmueble a sus necesidades; no había pues mala fe de la ocupante, y no podía decirse que las obras fuera de escasa cuantía.

El TS puntualiza: la retención de la cosa únicamente puede reconocerse en el poseedor con título, pero no en el precarista que carece de título

Según indica la Sala del Supremo al resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, es doctrina de la Sala de lo Civil que el derecho de retención de la cosa sólo puede reconocerse en el poseedor con título (poseedor civil), pero no en el precarista que carece de título y goza tan solo de la mera tenencia de la cosa.

Por eso No puede retener ésta en su poder por los gastos que hubiera realizado en ella. La nuera no posee la vivienda con título, sino que la autorización para que ella y su hijo habitaran en la misma, respondía a una “concesión graciosa” de los padres, esto es por mera liberalidad. Esto supone, según la Sala que su ex nuera es una precarista, sin título y por tanto no puede ejercer el derecho de retención. En conclusión: «el derecho de retención en atención a los gastos realizados en la cosa poseída en precario no puede considerarse -conforme al artículo 453 del Código Civil – como título suficiente a efectos de evitar el desahucio por precario, porque dicho título no se confiere al mero poseedor de una finca que ha perdido su título, sino que solo se reconoce al que posee de buena fe y con título.»

Por tanto, la sentencia de la Audiencia Provincial es revocada, y confirmada la del Juzgado de Primera Instancia, que declaró haber lugar al desahucio solicitado.

20-3-2018 | Wolters Kluwer

marzo 13

El Decreto judicial de aprobación de división de herencia no contenciosa requiere protocolización notarial para su inscripción en el Registro de la Propiedad

Ante los juzgados de primera instancia se presentan numerosas solicitudes de división judicial de herencia. Tras la convocatoria de junta para designar contador y peritos, designación de los mismos, y aprobación de las operaciones divisorias, puede producirse o no la oposición a las mismas. En caso de no haber oposición, el Secretario judicial dicta Decreto aprobando las operaciones divisorias (artículo 787.2 LEC), señalándose expresamente en la LEC “mandando protocolización”.

A pesar de dicho mandato, no es infrecuente solicitar la inscripción del testimonio judicial del Decreto ante el Registro Civil, directamente, sin más.

Esta resolución de la DGRN, de 1 de febrero de 2018  da la razón a la Registradora de la Propiedad al suspender la inscripción de un testimonio de decreto por ausencia de protocolización notarial del documento de partición judicial.

Todo depende de si en la partición se da o no la conformidad de los interesados

Tratándose de un proceso judicial de división de herencia que culmina de manera no contenciosa, se precisa su protocolización notarial, según viene impuesto como regla general en el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La DGRN insiste en que es un tema que ha sido tratado en numerosas ocasiones. El procedimiento especial de división de herencia tiene como objeto llevar a cabo la partición cuando en principio no existe acuerdo entre los herederos llamados a la herencia.

• Si las partes no consienten en la partición propuesta, el procedimiento se transforma en contencioso (trámites del juicio verbal) y una vez sea firme la sentencia, ésta será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad.
•Sin embargo, si los interesados están conformes con el avalúo y partición realizada, el procedimiento finaliza con un Decreto del Secretario Judicial, donde se dan por aprobadas dichas operaciones. Es este último supuesto al que se refiere el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que NO es inscribible directamente en el Registro de la Propiedad, sino que requiere antes su protocolización ante notario.

En consecuencia la DGRN desestima el recurso y confirma la calificación de la registradora.

 

1-3-2018 | Wolters Kluwer

febrero 28

El TS se pronuncia sobre el pago del IAJD en los préstamos hipotecarios

El Tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El Tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

28-2-2018 | Tribunal Supremo

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