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Los criterios que vienen siguiendo los tribunales sobre las liquidaciones de plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional

Con motivo de la impugnación de liquidaciones practicadas por el IIVTNU, una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga hace recuento de las diversas soluciones que hasta ahora han tenido los tribunales tras el dictado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Haciendas Locales.

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 11 de mayo , que se pronunció acerca de la constitucionalidad del IIVTNU cuando somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor parece que había dejado zanjado el asunto: si no hay incremento, no hay plusvalía.

A pesar de ello, la cuestión no ha quedado suficientemente clara pues estamos a la espera de que se modifique la legislación, y ello ha dado pie a que los tribunales interpreten de manera distinta el fallo dictado por el Constitucional. Esta sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Málaga el pasado de 29 Enero 2018 , nos aclara las diveras posturas de los tribunales hasta la fecha.

Antecedentes – Impugnación de las liquidaciones

El contribuyente propugna la nulidad de las liquidaciones giradas (que ascendían a la cuantiosa cantidad de 11.344 euros), dado que la norma de cobertura ha sido declarada inconstitucional, y la fórmula matemática utilizada para el cálculo de la base imponible es errónea.

Por su parte el Ayuntamiento considera que las liquidaciones son ajustadas a derecho, pues de acuerdo con la jurisprudencia recaída tras la sentencia del Tribunal Constitucional, es el sujeto pasivo el que debe acreditar que no ha existido un incremento de valor, y nada sobre ello se ha probado. Además entiende que se empleó la fórmula de cálculo establecida en la normativa legal.

Las diversas posturas existentes

El Juzgado señala que en la actualidad nos encontramos con estas tres posturas o criterios distintos que siguen los tribunales:

1. Los que consideran que los artículos anulados lo son sólo en el supuesto de que sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Para anula la liquidación el recurrente debe acreditar la disminución del valor, normalmente mediante un informe pericial (por ejemplo STSJ de la Comunidad Valenciana 775/2017, de 28 de junio, rec. 14/2017, ó la STSJ de Murcia 593/2017, de 16 de octubre, rec. 84/2017.

2. Una segunda línea jurisprudencial, que entiende que las liquidaciones por el IIVTNU no pueden ser revisadas a la vista de un informe pericial, porque ello implicaría quebrantar los principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria. Esto es, que no existe –en el momento actual- cobertura legal, dado que los preceptos han sido expulsados del ordenamiento. Entre los tribunales que siguen esta línea esta línea están la STSJ de Madrid 512/2017, de 19 de julio, rec. 783/2016, y la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 2 de Zaragoza 181/2017, de 7 de julio. rec. 371/2016.

3. Por último, una tercera postura, que señala que debe ser la Administración la que debe acreditar la existencia de una situación de riqueza gravable, por lo que debe recaer sobre ella la carga de la prueba para constatar el incremento del valor de los terrenos. En esta línea se encuentran la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cartagena 95/2017, de 30 de mayo, rec. 220/2016, o la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Tarragona, 204/2017, de 14 de septiembre, rec. 256/2016.

Criterio que sigue el Juzgado

Señala la sentencia, que todos estos criterios dispares no se resolverán hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia, pues existen varios recursos de casación en trámite, y clarifique la interpretación de los preceptos que no fueron anulados, o bien hasta que se colme la laguna legal existente.

El Juzgado se decanta por aplicar el segundo de los criterios expuestos: indica que la expresión del Tribunal Constitucional “son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor” no está dirigida a los órganos judiciales, sino al legislador.

Las serias dudas de derecho que se le plantean en el momento actual, obligan al Juzgado a declarar no conforme a derecho la resolución administrativa y por tanto a dejar sin efecto las liquidaciones impugnadas, obligando al Consistorio a devolver a la recurrente las cantidades abonadas por el impuesto, más los intereses.

  • 21-2-2018 | Wolters Kluwer

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